La contratación pública sostenible se define como aquel proceso de compra y/o contratación llevado a cabo por las administraciones públicas en el que se toman en consideración criterios ambientales, sociales y/o éticos. Esta nueva forma de contratar no tiene en cuenta exclusivamente la mejor oferta desde un punto de vista económico, sino que establece unos requisitos mínimos de sostenibilidad y adjudica el contrato utilizando una pluralidad de criterios para su valoración, entre los cuales se encuentran los de carácter ambiental y social. La contratación pública sostenible valora aquellos productos y servicios que son más respetuosos con el medio ambiente y con las personas, y que al mismo tiempo promueven la inserción sociolaboral, la igualdad de oportunidades y un “comercio justo” con los países empobrecidos.

La importancia de esta nueva forma de entender la contratación pública radica en el volumen económico de la misma, que supone entre el 16 y el 18% del PIB (producto interior bruto) europeo y el 13% del PIB en España. Se puede afirmar por tanto que la inclusión de criterios ambientales y sociales en la contratación pública puede ejercer una gran influencia en el sistema socioeconómico europeo e internacional de cara a la promoción de un desarrollo sostenible. Además, mediante esta transformación de los procesos de compra y contratación, las administraciones públicas dan coherencia a su gestión, logran una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos públicos y dotan de una mayor efectividad a sus políticas ambientales y sociales. De este modo se convierten en un referente de consumo responsable para la sociedad y contribuyen a una mejor respuesta del tejido social y empresarial ante los nuevos desafíos del siglo XXI, como son el cambio climático o el aumento de la pobreza, convirtiéndolos en parte de la solución.

Por otro lado, el principal beneficio asociado a la compra y contratación pública sostenible es el alivio que experimenta el medio ambiente, al reducirse significativamente los impactos negativos sobre el mismo.

Entre los años 2001 y 2003 un consorcio de siete organizaciones de cinco países miembros, coordinadas por ICLEI, desarrollaron el estudio RELIEF (Environmental Relief Potential of Urban Action on Avoidance and Detoxification of Waste Streams through Green Public Procurement),  bajo el auspicio de la Comisión Europea. El proyecto involucró a seis ciudades europeas (Hamburgo, Koldin, Malmo, Miskolc, Stuttgart y Zúrich) y proporcionó datos cuantitativos sobre la reducción de los impactos ambientales generados por las contrataciones de las administraciones públicas en el caso de que éstas consideraran criterios de sostenibilidad en dichos procesos. Se hizo seleccionando unas categorías de productos cuya contratación con estos criterios habría aportado altos beneficios desde el punto de vista ambiental. En este sentido, en función del impacto medioambiental más significativo, se compararon productos convencionales con su alternativa sostenible, se calcularon las unidades adquiridas anualmente en Europa, y de éstas, las adquiridas por las administraciones públicas. Utilizando estos datos se calculó el “alivio ambiental” que representaría la contratación pública sostenible. Para que los resultados fueran fácilmente interpretables, los impactos calculados se convirtieron en personas equivalentes, entendidas como las emisiones de una persona media.

Los criterios de sostenibilidad son consideraciones para incentivar y valorar positivamente el consumo de productos y servicios que minimicen su impacto sobre el medio ambiente y la salud humana, y que además promuevan el bienestar y la equidad social, con el fin de favorecer un desarrollo sostenible.

1.2.1 Criterios ambientales

Los criterios ambientales son medidas orientadas a reducir el potencial impacto negativo sobre el medio ambiente que un producto puede causar a lo largo de su ciclo de vida, o que un servicio o una obra pueden producir durante su ejecución.

1.2.2 Criterios éticos y sociales

Los criterios sociales son consideraciones que tratan de fomentar la equidad social, la calidad en el empleo, la igualdad entre hombres y mujeres, la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, el respeto de los derechos laborales fundamentales y un “comercio justo” con los países empobrecidos.