La Unión Europea ha permitido y promovido el desarrollo de esta nueva forma de contratación pública a través de la realización de estudios, la puesta en marcha de proyectos y la implantación de diferentes políticas.

Se puede afirmar que hoy en día la situación política es absolutamente favorable para el desarrollo de la compra y contratación pública sostenible. Tanto en Europa como en España existen políticas específicas que promueven e impulsan el desarrollo de acciones en esta materia, y se hace referencia a esta nueva forma de contratación en diferentes políticas sectoriales.

La contratación pública sostenible encuentra actualmente su respaldo político en la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Compra y Contratación Pública Verde para un mejor medio ambiente  o en la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la contribución al desarrollo sostenible: el papel del comercio justo y de los sistemas no gubernamentales de garantía de la sostenibilidad comercial.

Estos documentos son parte del Plan de Acción sobre consumo y producción sostenible y una política industrial sostenible, y su objetivo es proporcionar orientaciones sobre cómo reducir los impactos ambientales del consumo de las administraciones públicas y utilizar los procesos de compra y contratación de éstas para estimular la innovación en las tecnologías, en los productos y en los servicios ambientales.

Además, se propone establecer metas ambiciosas y definir criterios que se tengan en cuenta en la contratación de diez grupos de productos y servicios concretos, comunes a todos los Estados miembros.

Los diez sectores prioritarios identificados por la Comisión Europea son los siguientes:

   1. Construcción.
   2. Productos de alimentación y servicios de restauración.
   3. Transporte y servicios de transporte.
   4. Energía.
   5. Equipos informáticos.
   6. Ropa, uniformes y otros productos textiles.
   7. Papel y servicios de impresión.
   8. Mobiliario.
   9. Productos y servicios de limpieza.
   10. Equipos utilizados en el sector sanitario.

En España, el marco político que respalda la compra y contratación pública sostenible está representado por el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

Este plan, aprobado el 11 de enero del 2008 por el Consejo de Ministros, tiene su origen en las recomendaciones de establecer planes de acción en materia de compra verde que la Comisión Europea expresó en su comunicación sobre «Política integrada de productos» en el 2003.

El objetivo del plan es alcanzar en el año 2010 la meta de “compra verde” fijada por la Unión Europea en la Estrategia revisada para un Desarrollo Sostenible, y pretende ser complemento de otras políticas estatales dirigidas a preservar el medio ambiente, como el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los edificios de la Administración General del Estado y la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.

El plan establece objetivos cuantitativos para ocho grupos de productos, servicios y obras que se han considerado prioritarios y define plazos concretos y dilatados para ir incorporando criterios ambientales en las licitaciones de la Administración General, sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social de forma progresiva para que los mercados puedan adaptarse sin dificultad y vayan evolucionando hacia un modelo más sostenible.

Las ocho categorías de obras, servicios y productos objeto del plan son las siguientes:

   1. Construcción y mantenimiento.
   2. Transporte.
   3. Energía.
   4. Equipos de oficina.
   5. Papel y publicaciones.
   6. Mobiliario.
   7. Limpieza.
   8. Eventos.

En relación con estas categorías de productos, servicios y obras, para aumentar el grado de sostenibilidad de las contrataciones se han considerado aspectos ambientales que hacen referencia al ahorro de agua, ahorro y eficiencia energética, reducción de consumo de recursos y promoción de la utilización de material reciclado y procedente de recursos renovables, eliminación de sustancias tóxicas en los productos, reducción de la contaminación atmosférica, reducción de generación de residuos y correcta gestión de los mismos.